Por: Diana Marcela Raigoza Duque
Durante mi gestión como Secretaria General de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia -EICE- y tras finalizar mi Maestría en Economía Aplicada, se expidió por parte del Departamento la salvaguarda del aguardiente en Antioquia, por lo que sé que que el análisis de constitucionalidad sobre la salvaguarda de aguardientes representa un desafío significativo para la Corte Constitucional de Colombia y no será un examen fácil.
Desde hace más de un siglo, existe un monopolio rentístico sobre los licores en Colombia, que ha permitido a los departamentos restringir la producción y comercialización de licores destilados en su territorio. Este enfoque ha buscado aumentar los ingresos destinados a la salud y la educación. Sin embargo, esta potestad ha sido, en gran medida, discrecional. Esto ha resultado no solo en la imposibilidad de que terceros produzcan licores destilados en un departamento, sino también en la restricción de la introducción de otros licores que no sean producidos por la licorera departamental.
En nuestra historia reciente, esta situación ha comenzado a cambiar con la suscripción de Tratados de Libre Comercio (TLC) por parte del Estado colombiano y su inclusión en la OCDE. Sin embargo, el artículo 336 de la Constitución aún mantiene el monopolio rentístico de licores.
El legislador, en su libre configuración, estableció el régimen del monopolio de licores mediante la Ley 1816, permitiendo el ingreso de otros licores al territorio tras la obtención de un permiso reglado. Sin embargo, en su artículo 28, se otorga a los departamentos la facultad de suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardiente, por representar una amenaza para la producción local. Esta competencia, al compararse con la discrecionalidad que existía anteriormente, es significativamente más limitada.
Ante esto, no sé si la inquietud a resolver es si puede un gobernante decidir qué aguardiente podemos consumir. La verdadera pregunta debería ser si es posible mantener monopolios en una Constitución que busca fomentar la libertad de competencia y del consumidor o si estos son un camino válido para garantizar derechos sociales.
Por último, para aquellos que piensan que el aguardiente que se ha consumido en sus hogares desde tiempos de sus abuelos era por ser el mejor licor, les recuerdo: “A falta de pan, buenas son tortas”, aunque desde lo personal siga creyendo que no hay nada como un antioqueño
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